Acaba de terminar un período de 365 días e inicia otro que permite establecer metas, retos y desafíos proyectados para los próximos 12 meses y que, en el plano oficial, con la denominación del año por la transparencia y el fortalecimiento institucional marca un tremendo objetivo gubernamental.
El compromiso que supone proclamar la transparencia en la gestión pública va más allá del simple enunciado o aspiración retórica y debe ser complementado con acciones puntuales, efectivas a la luz ciudadana, para que el cáncer de la corrupción comience a ser combatido y extirpado con éxito.
El fortalecimiento institucional implica el abandono de prácticas individuales y clientelares en el ejercicio público, la preeminencia de normas por encima de estilos de liderazgo personal y el respeto a procesos que gobiernan la gerencia orientada a resultados de beneficio colectivo.
El 2011 debe ser afrontado con optimismo, a pesar de los presagios en el orden económico derivados de la situación del escenario global, impactado por una crisis financiera en países de la Unión Europea o severos cambios climáticos.
La atadura del desempeño económico a requerimientos de un acuerdo con el FMI obliga a la disciplina fiscal, a ser prudentes en el gasto público y a eliminar el dispendio, práctica que provoca irritación porque contradice la racionalidad y equidad.
La dirección partidista debe recoger enseñanzas de la sociedad civil que demostró esperanzador crecimiento y efectividad para unificar propósitos.
La movilización nacional generada en demanda de mayor asignación presupuestaria para educación, es una lección para asimilar, muy parecida a lo ocurrido con la oposición a instalar una fábrica de cemento en un parque ecológico.
La vigencia plena y perfeccionamiento de propósitos de la nueva Constitución, que pronto cumplirá un año, es gran reto para los poderes públicos y para la propia sociedad que debe asumir y defender sus postulados y reclamar su complemento legal y las prerrogativas que le otorga.
Son mis expectativas para 2011.

