A un mes de instalarse como presidente, Danilo Medina envía un mensaje al poder fáctico de Santiago y traza la raya de Pizarro sobre el cambio de articulación político-económica respecto de su antecesor. El decreto 570-12 que revoca la concesión de operación del puerto de Manzanillo y área de libre comercio a la Corporación Portuaria del Atlántico, marca una ruptura del mandatario con el liderazgo empresarial santiaguero y aflora pugna de intereses de sectores económicos con influencia en su gestión.

También revela que la pava no pone donde ponía en la relación empresarios con negocios gubernamentales y funcionarios con poder político, como en el pasado, ante la ausencia, distanciamiento o pérdida de incidencia del interlocutor por excelencia.

La disposición por decreto deja muy mal parada a Santiago y la región noroestana, porque castra un trascendental proyecto para estimular y mejorar la producción y competitividad al desarrollar el puerto de Manzanillo, de enorme impacto económico potencial.

Otro esfuerzo de descentralización, democratización y combate al ilegal monopolio en negocios multimillonarios en dólares que benefician a particulares en perjuicio del bienestar colectivo, ha sido truncado sorpresivamente con esa decisión.

El caso tiene aristas más allá del dispositivo ejecutivo porque, según reacción de la Corporación Portuaria del Atlántico, se violentan procedimientos al retirar la concesión, sin trámite ni evidencia de violación al pacto suscrito.

El conflicto surge porque es ante el nuevo presidente de la República que sectores de poder fáctico, apadrinados por antiguos funcionarios, logran la decisión que no pudieron obtener de Leonel Fernández al acostarse las palomas.

Este es el peor momento del empresariado santiaguero reaccionar y sentar cabezas para contrarrestar la decisión de Medina, porque en mentideros locales se dice que falta unidad de clase y hay división y subdivisión de dueños del país favorecidos por el gobierno anterior.

Ahora se golpea de carambola a instituciones y personas ajenas a beneficiarios del leonelismo que hoy están bajeados porque pusieron huevos en canasta distinta a la oficial. Medina debe restaurar el estado de derecho y corregir ese entuerto montecristeño.