A 168 años de la primera constitución dominicana, a dos del estreno de su más grande reforma promulgada el 26 de enero de 2010, vale cuestionar el impacto de la Ley de leyes en la nación y su efectividad como contrato social.

Aquella primera Carta Magna votada por los constituyentes de San Cristóbal es acta de nacimiento de la joven República surgida ocho meses antes y conserva el espíritu original como documento actualizado, progresista e influenciado por la democracia en boga.

Hoy el texto es también de los más actualizados, adecuado a modernidad primermundista para aplicarse en país subdesarrollado tercermundista, o como se le llame al pueblo que no siente la teoría materializada.

He ahí el problema. Un texto bellísimo, idealista pero carente de conexión con aspiraciones teóricas plasmadas en la Ley Suprema y con la práctica cotidiana que distancia al ciudadano de beneficios, transparencia y controles, lejos de la realidad.

La Constitución es el documento base de la comunidad social asentada en territorio propio con estructura gubernativa de poder que forma el Estado y define relaciones, fija derechos y deberes, límites al ejercicio público y garantía de supremacía por encima de cualquier otro texto.

El Ejecutivo administra, respeta y hace cumplir la ley, el Legislativo elabora normas y fiscaliza el uso de recursos por aquel, mientras el Judicial aplica la ley e impone sanciones a sus violadores, en juego democrático de equilibrio, pesos y contrapesos entre poderes públicos.

En la práctica, el presidencialismo preponderante hace superior al Ejecutivo, mientras el Legislativo incumple responsabilidades como censor o controlador, en tanto el Judicial evidencia vicios que lo subordinan ilegítimamente a hegemonía partidista.

¿De qué vale la modernidad constitucional primermundista si en la práctica cotidiana se imponen privilegios, exclusiones, ilegitimidades y situaciones irritantes e indignantes? ¿Quién somete al Estado y funcionarios a su propia legalidad? ¿Cuándo el Legislativo se casará con la gloria al destituir incumplidores de deberes del cargo, iniciando por el Ejecutivo y legisladores? O se está esperando que jugamos todos o se rompe la baraja: la Constitución.