Educación y Constitución

La nación estrena una Constitución que, en líneas generales y teóricamente, es la más moderna de cuantas han existido desde el nacimiento de la República en 1844.

Es una maravilla como pacto social o contrato entre los ciudadanos y su Estado, tan avanzada que parece una Carta Magna para un país de primer mundo con población consciente de sus deberes y derechos.

Para que sus postulados sean efectivos, sin embargo, requiere que se cumpla una fase inicial de divulgación tan amplia que abarque a todos los ciudadanos y que haga posible que la belleza teórica sea asimilable por el pueblo para que, de esta manera, se apropie de su contenido y lo practique.

La educación, en consecuencia, es el requisito básico para lograr el ideal constitucional de un Estado social y democrático de derecho en que se respete la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes públicos como postula la Carta Magna.

Como han dicho sectores políticos, el documento de 277 artículos proclamado por la Asamblea Nacional el pasado 26 de enero, en ocasión del natalicio del fundador de la patria, no es perfecto, pudo haber sido mejor y es el resultado de la negociación partidista en la búsqueda del consenso.

Para aquilatar la trascendencia del nuevo pacto fundamental entre los ciudadanos y su Estado es necesario hacer que el texto sea potable para el hombre llano, de a pie, y por eso deben extractarse sus aspectos claves sobre derechos y deberes, y ser divulgados de manera masiva en una especie de guía.

Sin una adecuada transmisión de la intención del legislador hacia los ciudadanos, la nueva Constitución puede seguir siendo un pedazo de papel usado a conveniencia de los políticos o detentadores del poder en un momento dado, conforme a las circunstancias e intereses particulares.

La primera tarea del liderazgo político y dirigencia administrativa es socializar el texto, hacer que los ciudadanos se empoderen y apoderen de él, que sea documento de uso cotidiano y se incorpore al sistema educativo obligatoriamente.

Medios de comunicación y opinadores públicos deben cumplir el rol de formación y educación ciudadana para que la Constitución sea un verdadero pacto político.