Urgencias legislativas

El Congreso, parte del trípode de poderes estatales, tiene la responsabilidad ineludible este próximo cuatrienio de cumplir sus funciones básicas de representar, legislar y fiscalizar el uso de recursos públicos para reivindicar su rol de delegado de soberanía popular.

La impune vagancia congresual quedó evidenciada con el abandono del trabajo legislativo en la recta final de campaña electoral reciente, sin distingos de partidos políticos, porque los despropósitos prácticos de senadores y diputados tienen muy pocas excepciones en esta gravísima falta.

No solo se trata de conocer y sancionar el cacareado régimen jurídico electoral, con ley marco que sustituya la 275-97, como punto de partida, y luego la necesaria legislación de partidos, sino con desarrollos legislativos ordenados por Constitución de 2010 y todavía pendientes de aprobación.
La lista es extensa y está en la propia Carta Magna e incluye iniciativas tan importantes como la ley de ordenamiento territorial, cuya ausencia fue la excusa del Poder Ejecutivo para observar totalmente la disposición congresual que declaró a Loma Miranda como parque nacional.

Una publicación reciente contabilizaba en 36 los proyectos pendientes de sanción tanto por diputados como por senadores, incluidas siete leyes orgánicas que por su misma denominación requieren del voto favorable de las dos terceras partes de legisladores presentes en una y otra cámara.

Esas leyes están definidas en la propia Constitución y tratan entre otros asuntos sobre derechos fundamentales, estructura y organización de poderes públicos, función pública, régimen electoral, económico financiero, presupuesto, planificación e inversión, organización territorial, seguridad y defensa.
Como puede advertirse, la tarea legislativa pendiente es amplísima, requiere de dedicación exclusiva a esta función básica del

sistema democrático, como ordena la misma Carta Magna, y voluntad política para producir reformas aplazadas y, sobre todo, cumplirlas, imponer la ley.
Es reto inaplazable para el Congreso y contralores del poder político.