El proceso judicial contra Amable Aristy Castro, acusado de corrupción como presidente de la Liga Municipal Dominicana antes de ser senador de la República, hace peligrar la primacía de la Constitución por el manejo dado al caso en la Corte Suprema de Justicia.

Sin entrar al fondo de la cuestión, la posición del Ministerio Público en su máxima representación y de la propia Corte con un juez instructor especial, al responder las pretensiones de la Procuraduría General de la República, entrañan desprecio de fundamentales principios constitucionales.

El imputado, quien no es impoluto y tiene prontuario digno de condena ejemplar, ostenta hoy la condición de senador que le otorga jurisdicción privilegiada para ser juzgado y, además, al momento de su procesamiento está vigente la segunda legislatura ordinaria del año, que le protege con inmunidad.

La Constitución expresa en su artículo 86 sobre protección de la función legislativa que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo en el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

La petición de prisión preventiva como medida de coerción invocada por el Ministerio Público contra el senador, quien no ha sido atrapado in fraganti en ilícito y está revestido de inmunidad legislativa constitucional es, en derecho, improcedente, mal fundada y carente de base legal.

La Corte Suprema no debió ni siquiera ponderar argumentos del Ministerio Público sobre peligro de fuga y arraigo, supuestos del artículo 222 del Código Procesal Penal sobre medidas coercitivas, porque una norma constitucional superior prevalece.

Es asunto elemental, principio constitucional a respetar, un legislador no puede ser privado de libertad mientras esté abierta la legislatura, lo demás sobra. La petición de prisión preventiva es otra cosa, cercana a populismo judicial.