El análisis jurídico de la alocución declinatoria de una posible repostulación del presidente Leonel Fernández está cargado de errores conscientes mediante argumentaciones que no resisten la mínima confrontación con el texto constitucional.

Lo primero es afirmar que el artículo 124 no le prohíbe aspirar a la misma posición en 2012, con ignorancia del mandato de no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, invocando la irretroactividad de la ley y que fue elegido bajo la constitución de 2002. Si se aceptase esa falacia, la situación fuese peor porque si se le aplica el artículo 49 de la antigua Carta Magna, su carrera política concluye. No podría postularse jamás al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República.

Para cambiar el impedimento actual de la reelección es condición sine qua non reformar el artículo 124 con las formalidades exigidas por la propia Constitución, es decir, mediante la Asamblea Nacional Revisora.

El del referendo es otro argumento mentiroso dirigido a ignorantes o analfabetas constitucionales porque el artículo 210, que lo instituye, condiciona esta consulta popular a que no podrá tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada.

La antigua y rechazada práctica histórica nacional de pretender perpetuarse en el poder – palabras de Fernández no tiene asidero legal, a menos que haya una modificación constitucional como propició Hipólito Mejía en 2002, con resultados catastróficos para sus aspiraciones.

Otro argumento mendaz fue el parangón con la situación de 1998, con más matiz político que jurídico.

Es una tomadura de pelo afirmar que la combinación de los artículos 210 y 272, sobre referendos, permite burlar lo que está taxativamente prohibido en la parte in fine del 124, sin olvidar que antes sería obligatorio otra reforma a la Carta Magna.

Los juristas consultados pero no nombrados por Fernández comprometen su reputación profesional al defender argumentaciones basadas en errores constitucionales conscientes.