Los límites y alcances de la inmunidad parlamentaria están establecidos en la Constitución como mecanismo de protección de la función legislativa, porque no es privilegio personal ni sustrae a quien lo invoque del procesamiento judicial fuera del flagrante delito.

Su objetivo es garantizar que diputados y senadores no interrumpan su trabajo, de dedicación exclusiva conforme al texto constitucional, y por eso se concibe durante la legislatura, al margen de poder ser enjuiciados, como ha ocurrido, fuera de ese período.

Esta inmunidad no significa impunidad ni hace al titular del privilegio inasible para el proceso judicial si ha lugar y la propia Carta Magna indica que la Corte Suprema de Justicia es competente para juzgarlo en única instancia y jurisdicción privilegiada.

Si es un legislador del Parlamento Centroamericano (Parlacen), no elegido por votación directa si no ingresado a ese órgano por ser ex presidente de la República, como Leonel Fernández, el alcance de esta prerrogativa tampoco le sustrae de enjuiciamiento penal.

El artículo 27a) del tratado del Parlacen así lo establece, al decir que disfrutarán, En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales.

Sus beneficios son similares al del congresista nacional y conforme a la Constitución la inmunidad parlamentaria es por opiniones emitidas en desempeño de funciones, y la legislativa, que le protege de ser privado de su libertad, mientras esté abierta la legislatura.

El Parlacen se autodefine como o´rgano regional de planteamiento, ana´lisis y recomendacio´n sobre asuntos políticos, econo´micos, sociales y culturales de intere´s comu´n, creado en 1987, al que ingresó el país en 1997 y actualmente tiene 22 diputados o parlamentarios.

La inmunidad es privilegio de tratamiento judicial, no exclusión, ni subterfugio de escape penal para lograr impunidad, dejar sin castigo un delito.