Negar el éxito rotundo de la “Marcha del millón” contra la corrupción y la impunidad es mezquindad. Sin importar si fueron 20 mil o dos millones los participantes, el asunto no es numérico, es de voluntad ciudadana, compromiso y ejercicio responsable de ciudadanía.

Esta manifestación cívica sin precedentes revigoriza un colectivo surgido hace apenas 18 meses y reitera demandas fundamentales a la sociedad política con repercusiones allende fronteras nacionales como importantes expresiones de la diáspora disgustada con la realidad nacional.

Representan a miles y miles de dominicanos fuera del país quienes se manifestaron en Nueva York y La Florida, Estados Unidos, así como en Toronto, Canadá, en Madrid, España y en París, Francia, con el solo deseo y convicción de la necesidad de frenar la corrupción e impunidad.

Ese reclamo es el mismo desde enero de 2017 cuando surgió este movimiento cívico espontáneo y hasta hoy no ha ocurrido ninguna condena judicial ni se ha evidenciado voluntad política para comenzar a desmontar el entramado de corrupción que corroe la institucionalidad democrática.

Para lograrlo se necesitan reformas estructurales profundas, como demanda Marcha Verde en el manifiesto leído al final de la caminata del 12 de agosto, para que el Ministerio Público deje de ser muchacho de mandado del Poder Ejecutivo y los jueces no sean escogidos por políticos.

Y para impedir el dispendio de recursos públicos como la publicación propagandística, inusual e inconstitucional del pasado lunes en todos los medios escritos, con el fallido propósito de disminuir el impacto de esta expresión colectiva de indignación, protesta y reclamo al poder político.