Las instituciones son un reflejo de la sociedad y de los hombres y mujeres que las dirigen. Si el conglomerado humano es oportunista y se aprovecha de las posiciones públicas para sacar ventajas personales o grupales, las normas que rigen las instituciones serán interpretadas y aplicadas de manera que favorezca a las personas que las manejan. Actuarán sin miramientos y con la arrogancia que les da el sentirse dueños del poder.

Sabemos que los pequeñoburgueses sin conciencia política, social, nacional, de clase y de sujeto son arribistas, traidores y abusadores. Esas características se acentúan cuando alcanzan puestos públicos. Consideran que el cargo les completa la personalidad. Comienzan a sentirse importantes socialmente. La función que desempeñan la interpretan, no como una oportunidad para servir, sino como un premio que les convierte en personas privilegiadas.

El pobrecito pequeño burgués usará el cargo para recordarles a los demás que ya no es quien antes era. El que osa contrariar sus deseos, o se atreve a ejercer el criterio y opinar diferente, lo pagará caro. Será colocado en una lista negra y recibirá los rayos de Júpiter tronante. Sufrirá los más brutales abusos, marginaciones y persecuciones. Entre él y un leproso o cualquier otro apestado, no habrá diferencia.

Ahora bien, cuando las instituciones están gobernadas por una mayoría de individuos que tienen formación constitucional, la conducta del pequeño burgués que hemos reseñado se atenúa o desaparece. Tiene una mínima conciencia de su papel en la sociedad. Y si quien dirige esa institución es un especialista de la materia jurídica sustantiva, un conocedor profundo de la Carta Magna y una persona comprometida seriamente con el respeto y la aplicación de ese Pacto Fundamental, entonces no hay peligro. Cada uno actuará sometiéndose a las reglas de juego y se respetarán los derechos fundamentales y el orden democrático. ¡Ay de quien no lo haga!

Ciertamente, así es. Esa es una explicación sociológica, sicológica y jurídica de la prepotencia o la humildad, la deficiencia o la eficacia con que se dirigen las instituciones. Nuestro país tiene ejemplos de sobra. Como muestra, un botón: Las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pasada y el Tribunal Constitucional (TC) que tenemos frente a la edad de retiro de los jueces de esas altas instancias de justicia.

Recordemos que la sustituida SCJ juzgó su propio caso y declaró por sentencia que sus miembros no estaban sometidos a ninguna edad de retiro, con lo que se hicieron vitalicios, hasta que modificamos la Constitución. Por el contrario, el TC ya dictó su sentencia sobre el tema y consagró el respeto a las normas establecidas sobre la edad de 75 años para el retiro de los jueces de ese Tribunal. ¡Oh, Dios, qué diferencia!