La función del abogado (éste es el título de uno de mis libros) es contraria a la función del juez. El abogado es parcial, dependiente y personalmente interesado en las causas que defiende. Si no actúa con esas características, su trabajo profesional será mediocre y su cliente pagará las consecuencias.

En cambio, el juez es, o por lo menos aspiramos a que lo sea, imparcial, independiente y no tiene un interés personal en el proceso judicial que dirige y decide. Si el magistrado actúa así, su actividad trascenderá el simple estrado. Impactará en el respeto a los derechos fundamentales, a la institucionalidad y a la democracia.

Por desgracia, los malos jueces actúan movidos por los resortes materiales y emocionales que impulsan a los abogados. No conocen ni aceptan la auténtica naturaleza de su gran misión jurídica y social. Creen que su llegada a la Judicatura es una oportunidad para conseguir en el orden material y social lo que no obtuvieron como abogados.

Resulta obvio que en la mayoría de los casos, los malos jueces fueron pésimos abogados. Se engancharon al cargo porque no podían vivir del ministerio de pedir justicia. Su clientela, por una parte, era escasa y con pocos recursos y, por la otra, los servicios que ofrecían, en representación y asesorías, eran lamentables. Conocemos muchos ejemplos que ilustran esa realidad.

Cuando los abogados incapaces llegan al cargo de juez, se transforman en un peligro público. Se convierten en la negación de lo que deben ser. Reflejan la frustración profesional del abogado en la prepotencia del magistrado. Maltratan a sus antiguos colegas que no poseen alcurnia social ni reflejan bienestar económico. Pero son complacientes y serviles con los abogados que tienen prestancia social.

En efecto, así es. Los malos jueces extreman las formalidades procesales cuando se trata de abogados pobres y, sin embargo, se muestran flexibles y acomodaticios frente a los abogados ricos.

Además, los malos jueces se preocupan más por los valores económicos envueltos en el litigio que por la aplicación sana y correcta del derecho. Si el abogado tiene un buen contrato de cuota litis, le calculan los honorarios que recibirán y hasta llegan a decir que no van a trabajar para hacer rico a nadie. Entonces, retienen el expediente y el fallo lo mandan para las calendas griegas. Nunca hay tiempo para decidirlo. Siempre tienen mucho trabajo previo o lo están estudiando con mucho cuidado porque es un caso muy complejo. Si alguien engrasa la maquinaria, habrá sentencia pronto.

Todo juzgador debe aprender que el abogado es parte del conflicto y el juez es un árbitro en ese pleito. En la práctica (la teoría deontológico es otra cosa), el abogado procura defender a su cliente, aunque no tenga derecho. Podrá ganar tiempo o enredar el asunto para forzar una transacción. El juez debe garantizar el debido proceso y decidir conforme a las normas de la mejor justicia posible. Nada más.