Un fantasma recorre ruidosamente la República Dominicana. Es el nuevo orden jurídico. Su trayectoria produce pánico en ciertos sectores de la vida nacional. Se muestran desesperados ante la posibilidad cierta de que se instaure un verdadero respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales, al fortalecimiento institucional y a la auténtica vida democrática. Los que sienten miedo a esa aparición desean mantener por tiempo indefinido el estado de privilegios irritantes de que gozan. Desprecian las aspiraciones del pueblo de vivir con igualdad jurídica, con decoro y dignidad en una sociedad civilizada.

El pleito comenzó. Dos grandes fuerzas sociales se enfrentan encarnizadamente. Por una parte, está la que solo desea cambiar algunas cosas, preferiblemente caras, para que todo siga igual. Por la otra parte, surge la fuerza que lucha a favor de los cambios reales, los que impulsen una mejor justicia para el bien de todos.

La fuerza conservadora no puede evitar los cambios, pero busca la manera de desnaturalizarlos. Es enemiga del progreso. Solamente piensa en sus espurios intereses. La suerte de las grandes mayorías no le preocupa. Los miembros de ese sector viven concentrados en aprovechar la miseria y la ignorancia de los demás para aumentar sus fortunas. Se acostumbraron a la acumulación de riquezas fáciles, amparados en la falta de institucionalidad y la complacencia culposa de funcionarios pusilánimes y corruptos. Se resisten a la instauración de un clima de igualdad de oportunidades y al fiel cumplimiento de las reglas de juego. Buscan perpetuar la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás.

Mientras que la fuerza progresista, que impulsa los cambios como una necesidad impostergable, está dispuesta a pagar el precio que impongan las circunstancias para que en nuestra sociedad funcione el respeto a las normas que rigen la convivencia humana. Se niega a aceptar como ley suprema la que rige en la selva, donde el más fuerte oprime sin sanción, el grande se come al pequeño y no hay salmos ni santos que paren la masacre. Los miembros de ese sector tienen conciencia política, social, nacional y de sujeto. Y no están dispuestos a renunciar a la convicción de que deben proteger el bien común y que no se puede defraudar a los que tienen sed y hambre de justicia.

Se acerca la hora en que el país tendrá las altas cortes, las que deben garantizar el orden jurídico nacional. Serán la garantía del fortalecimiento institucional, el desarrollo económico, la estabilidad social, el progreso real y la creación del Estado Social y Democrático de Derecho. La nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) cumplirán esa misión. Es necesario que los juristas conscientes se unan a la fuerza progresista para vencer a la conservadora. Los cobardes y descreídos, que se echen a un lado. ¡Juristas, uníos al pueblo en estos momentos estelares!