Las fuerzas políticas y sociales del país no se han dado cuenta, salvo algunos dirigentes excepcionales, de la gran importancia que tienen las altas cortes para la vida democrática del país. El Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidirán, cada uno dentro del ámbito de su competencia, todo lo que tendrá trascendencia para la sociedad dominicana. Lo demás, será rutina y entretenimiento para despistados.

Si los poderes fácticos y el pueblo comprendieran el rol que deben jugar en este proceso, apoyarían con entusiasmo la integración y puesta en funcionamiento del TC y el TSE. Así como la pronta renovación de la SCJ. Esos elevados tribunales cumplirán una misión que afectará tanto las esferas de poder como la vida ciudadana. Nada, absolutamente nada que se mueva en el territorio nacional quedará fuera de la fuerza gravitacional de las altas cortes.

Por fortuna, el presidente Leonel Fernández comprende la función que tendrán los elevados tribunales. Eso es lo que explica el agotador trabajo que viene realizando para materializar su conformación. La atención que el jefe del Estado le presta a cada evaluación de los aspirantes a integrar los órganos constitucionales refleja su interés para que la selección resulte como debe ser. Desea que los juristas postulados que resulten favorecidos con el voto mayoritario de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sean los mejores. Y lo serán si tienen una formación moral y ética a toda prueba; un conocimiento profundo de las ciencias jurídicas y políticas, que sea consciente, con rigor crítico y científico, en lugar del memorístico que tanto abunda; una vocación de servicio a toda prueba y un compromiso serio con el progreso y la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho.

Muchos miembros de la denominada sociedad civil, abogados, comunicadores y algunos dirigentes políticos se contentan con criticar al CNM sobre aspectos insustanciales. No comprenden que el presente y el futuro de la República dependen, en gran medida, de lo que hagan o dejen de hacer las altas cortes.

Para comprobar esas aseveraciones, basta con que pensemos en que el TC se encargará, como máximo vigilante, de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales (Art. 184 de la Carta Magna). Será el controlador efectivo del poder. La SCJ, como órgano jurisdiccional supremo de los tribunales del orden judicial, tendrá la responsabilidad de brindar una justicia ordinaria de calidad, pronta, eficiente y eficaz. Y el TSE resolverá los conflictos que se produzcan en el ámbito de las organizaciones políticas, con sus miembros y sus actividades. Por tanto, lo económico, social y político serán irradiados indefectiblemente por las decisiones de esos magnos tribunales.

Ni el Sol será tan abarcador como las altas cortes.