Es una verdad de Perogrullo afirmar que en la sociedad capitalista el derecho de propiedad, y muy especialmente el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción, es el puntal esencial del sistema económico, social, político, jurídico e institucional. Desconocer esa realidad es ignorarlo todo.

La Constitución consagra en su artículo 51 el derecho de propiedad como si fuera la niña de nuestros ojos. Para no olvidarse de la poesía sustantiva, le da un carácter social. Pero de ninguna manera limitará en la práctica su producción, reproducción y concentración. El sistema lo necesita como los vivos requieren el oxígeno para vivir.

Ciertamente, así es. Basta con recordar que si a un iluminado se le ocurriera nuevamente plantear la eliminación del derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y en su mundo de ficción lograra el apoyo mayoritario, solo con materializar ese objetivo cambiaría totalmente la sociedad. Todo lo que han aprendido los juristas valdría tanto como una servilleta usada. Las personas, conscientes o inconscientemente, están dispuestas a matar o a que les maten con tal de adquirir o proteger el derecho de propiedad. Es por eso que se permite denunciar muchas cosas, pero jamás ejecutar nada que atente contra ese dios del orden establecido.

Y en las sociedades atrasadas como la nuestra, la situación del derecho de propiedad inmobiliaria entraña la máxima expresión de la seguridad jurídica nacional.

Para los países desarrollados, las condiciones económico-jurídicas de los derechos son diferentes. Ellos están en la cresta de la ola de la globalización, del libre mercado, de la alta tecnología y de la aplicación de los avances científicos; de la sociedad de la información y la era del conocimiento. Los derechos inmobiliarios tienen importancia, pero no son prioritarios. Ellos privilegian las invenciones y creaciones del intelecto, la ciencia y la técnica. Por ejemplo, un chip de computadora o un softwere, que se guarda en un bolsillo de la camisa, puede tener tanto valor e importancia como una isla.

Ahora bien, en nuestro país el derecho inmobiliario es el sustento de todos los derechos, incluyendo los fundamentales. Lutero lo dijo claro: para practicar la virtud se necesita un mínimum de satisfacción económica. Nadie es virtuoso en la miseria. Y la riqueza nacional depende de los inmuebles. Piense si el turismo, la agropecuaria, las construcciones, las zonas francas, etc. se dan en el aire.

El editorial del periódico Hoy (16-10-12) afirmó: Un registro inmobiliario desorganizado, caótico, lento y poco confiable es un factor adverso para la inversión de capitales.

Y la Asociación de Agrimensores dijo: se destinaron 62 millones de dólares para poner en marcha el Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, pero solo se avanzó un 20% en el proyecto sin que se tenga cuenta de qué pasó con el resto. Chupe usted y déjeme el cabo, compadre.