Conep y Constitución

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), señor Rafael Blanco Canto, puso el dedo en la llaga. Denunció uno de los más serios problemas que afectan al dominicano desde la fundación de la República. Es un problema que lo venimos arrastrando desde el 27 de febrero de 1844. Y lo peor del caso es que da la impresión de que nos hemos acostumbrado a convivir con ese mal. El pueblo, como un conglomerado social yugulado por los problemas de la sobrevivencia, no tiene cabeza para ocuparse de eso. Y la mayoría de los dirigentes políticos no tiene interés en resolverlo. Ellos son los beneficiados directos de la situación. Cuando se desea saber el culpable de un crimen, hay que empezar la investigación con el beneficiario del hecho sancionable.

En este caso, muchos gobernantes se sacarían el premio. No sienten respeto por las personas. Para ellos el ser humano es un simple objeto, una cosa que puede ser usada y manipulada sin miramientos. Se creen dioses en el Olimpo. Saben que el estado de embrutecimiento y alienación en que mantienen a las mayorías les garantizan una larga temporada en el poder y, en consecuencia, el disfrute de sus privilegios irritantes. El aguante de nuestro pueblo es proverbial.

Rafael Blanco Canto, conforme a reseña periodística, afirmó que “…el país debe tener la capacidad de acordar una única manera de hacer las cosas, sin mirar personas, instituciones o circunstancias, abocándose a un nuevo gran pacto social que establezca la nueva forma de vivir y relacionarse con la igualdad ante la ley y el Estado, donde la ley no se aplique de manera selectiva ni arbitraria y que nadie pueda estar por encima de ella.”

Tiene toda la razón. El artículo 39 de la Carta Magna, que trata sobre la igualdad, no tiene ninguna aplicación. No se respeta.

En nuestro país, lo menos que hay es igualdad de las personas ante la ley. La discriminación, marginación, favoritismo, enllavismo y amiguismo fueron elevados a reglas que rigen el comportamiento de los responsables de las instituciones. Y las aplican con descaro, revanchismo y resentimiento. Todos, de una forma u otra, somos víctimas de esas inconductas de los funcionarios.

Pero lo más intolerable es que no existe excepción entre los poderes y órganos del Estado. Para comprobar esa verdad, basta con una simple observación de los burdos manejos que se producen y cuya razón es el abuso de poder. No respetan ni la Constitución, ni las leyes, ni el código de ética, ni sus propios reglamentos. Por tanto, el estatuto de carrera es violado descaradamente. Esa práctica se reproduce en cada uno de los poderes de manera alegre. Si el célebre siquiatra Antonio Zaglul estuviera entre nosotros, desarrollaría una nueva teoría para explicar la patología de la desidia, prepotencia e indolencia de la mayoría de las autoridades que sufrimos en esta tierra de Duarte, digna de mejor suerte.

El CONEP y su presidente dijeron la verdad.