El señor Manuel Labrado declaró recientemente que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está satisfecho de los trabajos realizados en los programas de Modernización y Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (JI).

Ante esta noticia, los abogados especialistas se murieron de la risa. Daba gusto escucharles cómo hacían chistes en la JI. Algunos solo alcanzaban a preguntar: ¿Cómo fue que dijo el señor Labrado? Y las carcajadas rebotaban en las paredes del edificio y corrían por los pasillos como un río feliz.

Hay que admitir que si el propósito era bajar la tensión en la JI, lo logró estupendamente. Pocas veces los abogados han gozado tanto en esta dependencia.

Si la situación no fuera tan dramática para los usuarios de la JI y para todo el país, hubiésemos felicitado al señor Labrado. Pero ante tanta deficiencia de esos programas, sus declaraciones dejan un mal sabor, para no decir que parecen burla.

Para comprobar esa realidad, basta saber que en esos programas se invirtieron 65.3 millones de dólares, que llevados a pesos dominicanos se convierten en 2,560 millones. Una suma respetable, astronómica, sobre todo si se toma en cuenta que fue para una jurisdicción en un país pobre y atrasado. Con menos cantidad que esa se manejó recientemente el Poder Judicial completo.

Más aún, esa montaña de dinero fue gastada en programas que dieron pena y ganas de llorar en su ejecución. Fueron manejados con una falta de gerencia pecaminosa, un autoritarismo digno de Trujillo y una indolencia propia de asesores extranjeros que sabían que ellos no pagarían la deuda que asumieron los dominicanos.

La asociación Dominicana de Agrimensores, en una evaluación que hizo de la efectividad de los mencionados programas, financiados por el BID en la JI, comprobó que solo se cumplió un 20% de lo planificado. Si eso no es horroroso, que alguien me lo explique. O que me diga Labrado cómo se sentiría si sus hijos sacaran en el colegio un veinte en un examen de cien puntos o que su secretaría rindiera un 20% de lo que él espera o que el país solo le pagara al BID el 20% de la deuda contraída para la ejecución de esos programas. ¿Ahí el gas pela, verdad?

Además, el Magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, declaró con conocimiento de causa que en la JI hay un caos, y se refleja en la inconsistencia de la información registral de títulos, errores y faltas de precisión en la información geográfica de los planos de mensura y falta de asientos registrales. Y no es todo.

El BID puede estar satisfecho en la JI, como quiera cobrará su préstamo con intereses. Pero los usuarios y el país no tienen causa para alegrarse, sino para llorar en la JI.