Justicia y presupuesto.-

El Poder Judicial dominicano, año por año, eleva su grito de protesta porque no recibe el monto solicitado para su presupuesto. El Poder Ejecutivo siempre le asigna un monto menor al que requiere y al que manda la ley. El Poder Legislativo aprueba el nuevo presupuesto de la nación, y deja a la justicia oliendo poco donde guisan.

Resulta que el Consejo de Ministros aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2018, por el monto de RD$814,821 millones de pesos. Además, oficialmente se dio a conocer “que el 10.3% de aumento en el presupuesto está destinado a cumplir con el 4% del PIB, para la educación preuniversitaria, el pago de los intereses de la deuda, pensiones a civiles y militares y transferencias a otros poderes del Estado, los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y transferencias corrientes al sector público y privado.”

Aunque no fue incluido en ese comentario, al sector justicia se le aumentó, con relación al presupuesto del año en curso, un mil millones de pesos. Recibirá la partida de RD$7,422 millones. No alcanzó los RD$14,329 millones reclamados.

Recordemos que conforme a la ley, al Poder Judicial le corresponde un 2.66% del presupuesto anual de la República. Y la asignación que tiene para el próximo año no alcanza el 1% de ese porcentaje.
Conforme a la Constitución, en su artículo 149, “…El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.”

También la ley 194-04 reiteró esa facultad sustantiva. Sin embargo, en la práctica, la justicia sigue económicamente dependiente, como mendigo en iglesia de pobres, de los otros dos poderes del Estado.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía, manifestó que para cumplir con los proyectos y necesidades del poder que dirige “Hace falta dinero, dinero.” Y no se equivocó. Dijo con responsabilidad la verdad, monda y lironda. Pero, como el profeta bíblico Juan el Bautista, predicó en el desierto.

Tenemos que superar la mala práctica de aprobar disposiciones jurídicas para que sirvan de vitrinas o escaparates, con el único objetivo de ilusionar demagógicamente a la población nacional o para asombrar a los extranjeros que se enteran de que tenemos esas normativas.

En el Estado Social y Democrático de Derecho, y así dice el artículo 7 de nuestra Constitución que somos, no debe tolerarse la existencia de una ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sea contraria a la Carta Magna. Esto así porque si se aplica una norma jurídica que riña con la Ley Suprema, se daña todo el sistema. Y si se incumplen los valores, principios y normas del Pacto Político, así como cualquiera otra norma de carácter adjetivo, también el sistema pierde su credibilidad.

Por esas razones, somos de la opinión que urge adecuar todas las disposiciones legales que no sean realistas, para que el ordenamiento jurídico se cumpla, como debe ser.