RADAR

PRD ejercitar democracia

La Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) validó el acto de proclamación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero rechazó la convocatoria en ese mismo día  de una Convención Extraordinaria para reformar los estatutos de ese partido. La sentencia de la JCE parece  distribuir en partes iguales los reclamos de las partes  litigantes, al autorizar la Asamblea Ordinaria  para la proclamación de Vargas Maldonado como presidente del PRD, pero inhabilitar la convocatoria  a una convención  extraordinaria, como  había solicitado el sector encabezado por el ex  presidente Hipólito Mejía. Ambas partes tendrán que lidiar con los efectos de la resolución  evacuada por la Cámara Contenciosa de la JCE, toda vez que  el sector de Mejía escogió esa vía y los seguidores  de Vargas Maldonado aceptaron  dicho fuero. Los partidos políticos  tienen la misión de educar a la ciudadanía sobre  el uso y disfrute de las instituciones democráticas y vías de derecho. Queda ahora que el PRD intente  ejercitar la unidad entre sus miembros, cuestión que no se lograría  con una ni mil sentencias de la JCE, pues  debe ser el resultado de conciencia y convicción entre perredeistas.

Agua fría

La afirmación atribuída al procurador general de la República, de que  el enriquecimiento ilícito no está penado por la ley, no aporta nada saludable a los esfuerzos que deben realizar autoridades y sociedad para  al menos disminuir los efectos nocivos de la corrupción. Si  bien es cierto que  el enriquecimiento ilicito no figura en sí mismo como una infracción criminal, otros apartados del Código Penal y de leyes especiales permiten al Ministerio Público indagar los orígenes de fortunas dudosas obtenidas por funcionarios públicos o ciudadanos ordinarios. Así lo prescribe, por ejemplo, la ley sobre lavado de dólares, los artículos del Código Penal relacionados con estafa,  abuso de confianza,  tráfico de influencias y  el propio estatuto sobre Impuestos Internos. Señalar pura y simplemente que la ley no prevé sanción  al enriquecimiento ilícito es como lanzarle balde de agua fría al anhelo  colectivo de que se persiga y castigue    la corrupción  donde quiera que se anide.