RADAR

La denominada tarifa técnica como vía para incrementar las recaudaciones de las distribuidoras de electricidad encuentra más reparos en especialistas sobre el conflictivo y costoso sector. José Luis de Ramón había planteado que la efectividad de la tarifa estaba condicionada a la rigurosa transparencia de las operaciones de las comercializadoras. Pero técnicos como Bernardo Castellanos y Edwin Croes alegan que el problema que provoca el déficit de las distribuidoras no está relacionado con el arancel. Consideran que es todo lo contrario, habida cuenta de que la tasa tiene un subsidio cruzado que penaliza a los usuarios. La observación no puede ser más importante, aunque también polémica, toda vez que se ha insistido en que la crisis de las distribuidoras se debe a que alrededor de 1.4 millones de usuarios  no pagan el servicio. Sin embargo, Castellanos y Croes subrayan que el problema tiene que ver con la deficiencia de las comercializadoras, específicamente en lo que respecta a la falta de medición de 1.56 millones de hogares, seguida de las pérdidas técnicas  y de la limitación en los cobros. Si es así, sería bueno saber la razón por la cual las distribuidoras no aplican el programa, pues de seguro que no es sólo por incompetencia.

Leyes propias

La íntima convicción en que podían basarse los jueces para dictar sentencias constituye un anacronismo. Las pruebas son fundamentales a la hora de un magistrado fallar cualquier tipo de litis. De ahí que resulte tan inquietante la denuncia del abogado Julio Cury de que hay jueces que se rigen por sus propias normas al momento de dictar sentencias. De ser así, se trata de una práctica que constituye uno de los más incisivos atentados contra la seguridad jurídica. Cury, que sabe lo que dice y de lo que tiene que contar con pruebas documentadas, alega que la ley es relegada por jueces que en los procesos se amparan en sus propios criterios. Cuesta aceptar que, por tratarse de una praxis tan funesta, las autoridades judiciales no hayan intervenido para erradicarla de plano. La conducta es lo que ha llevado a afirmar que los jueces no cumplen con su deber y que se tenga una percepción tan negativa sobre la administración de justicia. Antes que negar, mejor es investigar.