Página Dos

RADAR

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El procurador general de la República declaró que desestimó la querella para investigar a funcionarios y exfuncionarios sobre el déficit fiscal, porque el recurso elevado por la Asociación Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) carece de fundamento jurídico. Pero Francisco Domínguez Brito, quien chocó con gente del Gobierno desde que decidió reabrir el expediente contra el senador Félix Bautista, ha debido, para despejar dudas, fundamentar su determinación. Máxime cuando en la instancia para que se investigue a Temístocles Montás, Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Luis Hernández la entidad señala que en la ejecución presupuestaria de 2012 se ha evidenciado violación de la Constitución y de las leyes de Presupuesto y Crédito Público.  Según el abogado Julio César Tiburcio, los funcionarios y exfuncionarios deben responder por el déficit fiscal, puesto que la ley establece que el Ejecutivo no puede realizar ningún gasto que no esté contemplado en el Presupuesto. En el caso del senador por San Juan, Domínguez Brito anunció que está dispuesto a realizar todas las investigaciones que sean necesarias para determinar si procede el sometimiento. Pero en cuanto al déficit fiscal no ha observado la misma actitud.

Pulso en apuestas

Desde que un consorcio domínico-canadiense se instaló en el mercado, adquiriendo cientos de bancas y varios casinos, no han cesado los conflictos en un sector que mueve cientos de miles de pesos diariamente. Y que por tanto merece atención. La probabilidad de pobres y no tan pobres de convertirse en ricos de la noche a la mañana lleva a miles y miles de personas a pagar su impuesto a la esperanza. Pero la industria también tiene sus conflictos, como el que ha propiciado la solicitud de un embargo retentivo, que no es lo mismo que ejecutorio, contra el consorcio Dream Sport por una supuesta deuda de 12 millones de dólares. Los demandantes alegan que cuentan con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Santiago del 25 de septiembre de este año,  pero conforme a diferentes versiones se ha sabido que de lo que se trata es de un auto judicial. Una operación que no prosperó porque las cuentas no estarían claras es lo que ha motiva el puslo entre los consorcios.

El Nacional

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