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Las versiones de testigos sobre los sucesos ocurridos el miércoles en Capotillo, en  que murieron dos personas y tres agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) resultaron heridos,  cuestionan el método del organismo en la lucha contra el trasiego de estupefacientes. A tal punto que los moradores, aunque reconocen que uno de los muertos era un vendedor de drogas en el sector La Cueba, están indignados por el desenfado y la saña que atribuyen a los agentes. Rafael Rosario, de 60 años, estaba sentado frente a su residencia cuando fue herido mortalmente por miembros de la patrulla de la DNCD. Y Jean Carlos Nina, de 24 y a quien sindican como un vendedor de drogas, había sido herido y capturado vivo, pero abatido en el suelo por los agentes y luego rematado dentro de un vehículo. Reconocen que Nina abrió fuego contra los agentes , tratando luego de huir. Sin embargo, censuran que los miembros de la DNCD comenzaran a disparar sin reparar en la posibilidad de alcanzar a víctimas inocentes, como en efecto ocurrió con la muerte de Rosario. El incidente es para que el presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, ordena una investigación y revise los métodos de lucha.

Atrasos intrigantes

La verdad es que intrigan los atrasos  con los pagos de la Dirección de Estadísticas a los empadronadores y supervisores del Censo Nacional de Población y Vivienda. El director del organismo, Pablo Tacktuk, no sólo negó que la apertura del estudio se aplazó por falta de recursos, sino que afirmó que se contaba con un presupuesto de mil millones de pesos. Entonces ahora resulta que los empadronadores han tenido que piquetear la sede de Estadísticas e incluso montar una vigilia frente al Palacio Nacional. Desde que surgieron las primeras manifestaciones Tactuk informó que se había comenzado a efectuar el pago, pero todavía ayer seguían las protestas de los empadronadores y supervisores. Ahora se habla de que la nómina de empadronadores es auditada por la Contraloría General de la República. Muchos pretextos. Las autoridades deben saber que por más organizados que sean las estadísticas los incidentes aumentan las reservas  que siempre se tienen sobre los resultados.