Radar

El Cardenal

Ironiza y ataca

Con marcada ironía e incisivo lance el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez comentó la sentencia que rechazó el recurso de amparo elevado por la Iglesia católica contra la campaña publicitaria de Profamilia que exhorta a los adolescentes a usar preservativos en las relaciones sexuales. “Felicito a la ilustrísima jueza” por el fallo, dijo López Rodríguez en alusión a la magistrada Eunice Minaya Pérez, de la Quinta Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, quien alegó que la iniciativa de Profamilia no viola los derechos fundamentales de los ciudadanos ni la Constitución de la República. Además de la magistrada, el religioso la emprendió contra “todos los comunicadores que se están beneficiando de todas esas ONG”, que definió como “pandillas que andan repartiendo cuarto para hacer lo que les parece”. “Y en tercer lugar”, agregó, “que siga la fiesta, pa´lante”. A pesar de los duros juicios, puede darse por descontado que el Cardenal ni siquiera será emplazado para que aclare lo relativo a la distribución de recursos para que se apoye la campaña de Profamilia. A lo más que se puede llegar es a pensar  se ha ido de bruces con su irónica y agresiva respuesta sobre un proceso que, por su naturaleza,  tenía que acaparar la atención pública.

Ediles en tribunales

La Asociación para el Desarrollo de Cabarete ha dado un encomiable ejemplo en lo que respecta a velar por los recursos comunitarios al conseguir que se procese por supuesta malversación de fondos al actual director y a un exdirector de ese distrito municipal. Gracias a las acciones y constancia de la entidad, la Procuraduría General de la República abrió una investigación que culminó con el sometimiento a la justicia de Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) y Eddy Ramón Morfe de la Cruz por la supuesta malversación de más de 185 millones de pesos. Los imputados habrían cometido el desfalco entre 2004 y 2010. Pero todavía la entidad insiste en que se cumpla con el artículo 44 de la ley municipal, el cual establece que un funcionario municipal queda suspendido cuando se le inicie un juicio de fondo sobre un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad. La querella se basa en una auditoría de la Cámara de Cuentas.