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De la misma forma en que impone orden y seguridad en el motoconcho, la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) tendrá que abocarse a una jornada para recuperar las calles.  En la Zona Colonial y en los alrededores de cualquier oficina pública o centro comercial los parqueadores administran las calles como si se tratara de una propiedad privada. Pero también se da el caso de taxistas o dueños de negocios que se apropian de tramos para su uso personal o de sus clientes. Ese abuso también forma parte del desorden que caracteriza el transporte en la ciudad. Sin hablar de los conductores que anarquizan el tránsito, pero que desde que las autoridades intervienen son los primeros que salen a denunciar persecución y abuso. En su loable empeño por ordenar e imponer el orden y la seguridad, el director de Amet, mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, tendrá también que prestar atención a  espacios como las calles. No puede ser que conductores, taxistas, “parqueadores” y negocios se adueñen de tramos como si se tratara de una propiedad privada, en detrimento del contribuyente. La recuperación de las vías públicas sería otro logro para Sanz Jiminián en su saludable esfuerzo para organizar el tránsito.

Conflicto Conaleche

Tiene todas las características de un conflicto de intereses la confrontación que ha generado la designación de un nuevo director del Consejo para la reglamentación y fomento de la industria lechera (Conaleche). El ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, y productores privados han defendido la designación de César Guerrero como director del organismo por su capacidad y aportes al sector agropecuario. Sin embargo, otros lo objetan bajo el alegato de que no se cumplieron los requisitos que establece el decreto 434-10 que crea Conaleche. Pero tratándose de un profesional que ha trabajado en la creación de una línea especial de ordeño y que ha contribuido a través de investigaciones con el desarrollo de la alimentación y la desparasitación de animales, Guerrero parece la persona más ideal para el cargo. Conflictos de intereses no deben interponerse en la designación de un profesional cuya capacidad supera los requisitos para el cargo.