De tomarse en cuenta diferentes factores no resulta muy auspiciosa la brecha que se ha enarbolado en procura de una salida a la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Que Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía digan que están en disposición de reunirse no allana el camino, a menos que estén dispuestos en actitud de ceder siquiera un ápice para superar la dispersión que afecta al PRD. Atrincherado en la sentencia del Tribunal Superior Electoral que lo reconoció como presidente del PRD y suspendió a otros dirigentes de su entorno, Vargas Maldonado ha rechazado mediaciones o cualquier otra alternativa para propiciar una salida a la crisis. También la propuesta del grupo cívico Participación Ciudadana de que se adelante la convención para renovar la dirección del partido. Vargas Maldonado está plantado en que se debe acatar la sentencia que lo reconoce como presidente del PRD. Tan lejos se ha llegado en la confrontación que a dirigentes opuestos al presidente se les ha impedido ingresar a la sede principal del PRD. De manera que en tanto no se depongan actitudes personales, serviría de muy poco un encuentro entre Mejía y Vargas Maldonado para que el perredeísmo salga del laberinto en que se encuentra.
Gasto público
Entidades como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) deben ser más explícitas en cuanto a las causas del déficit fiscal que el Gobierno procura conjurar con un presupuesto complementario por 71 mil millones de pesos. No basta con el análisis de que la pieza mantiene la tendencia expansiva del gasto, una realidad que, por demás, salta a la vista. Ni tampoco es excusa que ciertamente la entidad haya objetado la aprobación, para colmo festinada, del presupuesto para este año porque presentaba un resultado deficitario. Se ha debido ser más vigilante con el gasto desenfrenado en que se ha incurrido, sobre todo durante el proceso electoral. Las causas del déficit deben ser transparentadas. Es en lo que ha debido insistirse. Pero eso de explicar que el Gobierno se propone aumentar el gasto público en lugar de plantear medidas de ajuste no ayuda a despejar las interrogantes en torno a la polémica pieza. Por más preocupante que en realidad resulte.

