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Demasido compromtedoras como para que queden en el aire son las denuncias que vinculan al alcalde de La Vega, Alexis Pérez, con irregularidades en la suspendida canalización del río Camú. Una empresa a la que admitió estuvo vinculado, pero de la que se dice es copropietario, Transvaz, fue beneficiada con un contrato sin licitación para la ejecución del proyecto.El escándalo, que surgió con la asignación, extracción y uso de los materiales motivó que la Comisión Diocesana solicitara una investigación que, al parecer, todavía no se ha realizado. Como estos días ha vuelto a hablarse de transparencia sería oportuno que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DCPA) o alguna otra instancia realizara una investigación para aclarar la situación. La gente no está satisfecha. Además porque tampoco se han ejecutado las obras que se prometieron, como la construcción de muros de gaviones con los materiales extraídos del lecho acuífero. Aparte del daño ecológico, los múltiples rumores sobre los alegados vínculos del alcalde con la empresa privada a cargo de los trabajos confiere otra connotación al escándalo. El edil ha etiquetado el escándalo de político, pero no por ello debe dejar de aclararse. Y sin la menor pizca de sospecha.

Desafía Gobierno

El dputado que sometió un proyecto de ley que crea la Procuraduría Anticorrupción ha desafiado al Gobierno a que lo procese si entiende que no se justifica el patrimonio que posee. Pero al mismo tiempo el empresario Cristóbal Castillo advirtió que no se dejará intimidar en su iniciativa de legislar para fortalecer las instancias institucionales contra la depredación del patrimonio público. La pieza no sólo elimina el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), sino que establece prisión de 3 a 10  contra los responsables de enriquecimiento ilícito. La reacción del director del DPCA, Hotoniel Bonilla, fue para poner en tela de juicio el patrimonio de 163 millones de pesos que declaró  el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Hato Mayor. Sin embargo, Castillo justificó la fortuna y desafío al Gobierno a que realice una investigación seria. Pero con la advertencia de que no lo intimidará en la lucha contra la corrupción pública.