Brasil es una potencia mundial, con bajo índice de desempleo, un sistema institucional cada día más fuerte y un Poder Judicial que ha dado señales concretas de independencia. El salario mínimo es de 339 dólares al mes y a su presidenta, Dilma Rousseff, le llueven los reconocimientos internacionales por sus logros en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Sin embargo, ese Brasil que se sienta a la mesa con las superpotencias y que se cita como modelo para la región es sacudido por crecientes protestas sociales que han tenido como detonante aparente un alza en el transporte público, equivalente a 10 centavos de dólar, en Sao Paulo. Como si se tratara de una chispa en la pradera, la dimensión e integración de ciudades como Río de Janeiro, Porto Alegre y otras han dado otro carácter a los movimientos sociales.
El alza en el transporte dispuesta por el Ayuntamiento de Sao Pueblo fue el estopín, que rápidamente quedó relegada a un segundo plano con las demandas por mejores servicios sanitarios, contra la corrupción y contra los gastos en infraestructura para montar la Copa Confederaciones de Fútbol. Por la ansiedad y otros componentes la explosión en Brasil se presta a reflexiones.
El Nacional
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