RADAR

Al admitir las precariedades económicas del Gobierno, el presidente Leonel Fernández tiró la toalla  en Pedernales  a sus funcionarios frente al aluvión de quejas y la insastifacción de moradores de sus diferentes comunidades por las promesas incumplidas. Los expositores en el encuentro encabezado por Fernández coincidieron en citar el mal estado de las calles y caminos vecinales, la falta de agua potable y de apoyo a los agricultores entre los principales problemas que afectan a la provincia. Los funcionarios, a los que el Presidente tuvo que auxiliar con la confesión de que el Gobierno tenía limitaciones económicas, habían sido el blanco principal de las quejas. El mandatario, que pudo calibrar el ambiente, anunció una inversión de 863 millones de pesos en diferentes obras para el desarrollo de la provincia. Algunas de esas obras están paralizadas, como dos carreteras a cargo del Ministerio de Obras Públicas a un costo de 290 millones de pesos. Como para revertir el malestar en que la lluvia de quejas convirtió el encuentro, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, anunció que empresarios canadienses invertirán 1,000 millones de dólares en proyectos hoteleros y que se agilizará otra inversión por 850 millones. Compromisos de sobra.

Pudientes y regulados

A la Asociación de Industrias de República Dominicana le ha dolido mucho  que el Banco Mundial señalara a los sectores pudientes y no regulados como los mayores ladrones de energía eléctrica. La vicepresidenta de la entidad, Cirse Almánzar, prefiere creer que el representante del organismo internacional, Roberto Senderowitsch, fue mal interpretado. Pero para amargura suya  tan clarito habló el experto que no ha salido a hacer aclaraciones.  El blanco sobre los fraudes eléctricos siempre han sido quienes se arriesgan en los barrios con conexiones ilegales. Pero desde siempre se ha sabido que el fraude en esas zonas es insignificante con relación a los que se cometen entre los que el representante del Banco Mundial definió como pudientes. Almánzar alega que no es posible que los usuarios no regulados se roben la energía, dado que sus contratos son directamente con las generadoras. Pero el representante del Banco Mundial sabe por qué los incluyó en el paquete.