RADAR

Los problemas de los arroceros van más allá de la deuda que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) prometió condonarles en caso de ganar las próximas elecciones. De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (HAD), Osmar Benítez, las deudas de los productores sólo son parte del problema. El panorama descrito por Benítez es todavía más tétrico. Alega que los precios se han deprimido, con su consecuente perjuicio para los productores, tanto por la importación excesiva como por obstáculos con la comercialización en el mercado interno. La ecuación en torno a la crisis que según Benítez afecta a los productores nada tiene de compleja. El nudo gordiano está en que no se ha cumplido el acuerdo de la Comisión Nacional Arrocera que decidió un precio mínimo de 16.40 pesos la libra, pero a la factoría se les compra hasta dos pesos menos que lo convenido. Todo indica que las autoridades tienen mucho que ver en la crisis que afecta al sector arrocero al no garantizar que se cumplan los acuerdos relacionados con los precios del cereal. Pero también con la aparente falta de planificación para regular de manera efectiva la producción y comercialización del popular alimento.

Debate de Presupuesto

El debate en torno al Presupuesto de 2012 no ha tardado en convertirse en objeto de debate, y no sólo sobre lo referente a la asignación del 3% para Educación. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se cuenta entre los defensores de la pieza, la que considera equilibrada. Su visión no la sustenta en el análisis de las partidas, sino  en que “hay que comprender que el país padece la crisis económica mundial, además de que está bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional”. Pero los economistas Guillermo Caram y Arturo Martínez Moya cuestionan partidas. Caram consideró que el monto de 430 mil millones ha debido reducirse sobre la base de un plan de austeridad, y Martínez dice que se debe aclarar la procedencia de los recursos adicionales con respecto a 2011. Otros economistas disienten de la defensa del Cardenal, pues estiman que en un momento de crisis el Gobierno no ha dado señales de austeridad ni racionalidad del gasto público.