RADAR

El drama en reclamo de una pensión del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) de miles de ancianos y enfermos que dejaron sus vidas en la industria azucarera torna más urgente la adecuación de la Ley de Pensiones. Mientras personas que no han dado golpe en el sector público tienen la dicha de gozar de pensiones hasta privilegiadas, trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), degradados a reliquias, tienen que protestar para que se les reconozcan sus derechos.  Si no cuenta con padrinos influyentes también un empleado público pasa las mil y una para conseguir que se le pensione. Para superar esos obstáculos el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que automatiza el derecho a una pensión de cualquier empleado que haya cumplido la edad reglamentaria o por razones de enfermedad. La pieza es importante, aunque debe buscarse la forma de que abarque a esos extrabajadores del CEA y de toda la industria azucarera que, en el ocaso de sus vidas, no han logrado que el IDSS compense sus cotizaciones. Con esas personas, en su mayoría viejas y enfermas, se ha cometido un abuso incalificable. En aras de justicia todas las pensiones graciosas deben revisarse y adecuarse a la ley.

Mensaje alentador

A propósito de un conflicto con una operadora aérea, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ha garantizado que en su gestión no se apartará un ápice de las normas legales. El mensaje es alentador como garantía de que sus acciones no afectarán, sino que fortalecerán la seguridad jurídica. El doctor Alejandro Herrera explicó que en la litis con el operador aéreo Volair se ha procedido conforme a las leyes y normas para evitar abusos. Dijo que si se canceló el certificado de operación  fue en razón de las múltiples fallas reportadas y del potencial riesgo que la empresa representaba para la seguridad de los pasajeros, bienes y espacios aéreos. Complace la aclaración, pero también la advertencia de que el director no transigirá en el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes impuestos por la Constitución y las leyes. Porque las normas tienen que cumplirse y más cuando es en defensa de la seguridad de los consumidores o del interés público.