RADAR

El Senado ha invitado al jefe de la Policía y al director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) a un conversatorio para elaborar una estrategia sobre la encrespada ola de violencia que este mes ha costado la vida a unas 23 personas. Entre las víctimas hay por lo menos seis agentes de la Policía, con un sargento que fue abatido en las últimas horas cuando llegaba a su residencia en Villa Juana. Si los congresistas están tan preocupados por la violencia a quienes deben convocar a un conversatorio no son a los mayores generales José Polanco Gómez y José Aníbal Sanz Jiminián, sino a los superiores de éstos. Tal vez los senadores no sepan que la Policía no genera la criminalidad que tiene que enfrentar, además de que no es un ente preventivo. En modo alguno tampoco se puede pretender que los senadores pedirán a la jefatura de la Policía y al director de Amet que bajen la guardia frente a la delincuencia y el desorden que ponen en riesgo la vida de la población. La criminalidad que de buenas a primeras preocupa a los senadores no se debe a la falta de voluntad de la Policía para enfrentarla, sino a factores relacionados con la descomposición social que sacude a la nación. Son los problemas de que deben ocuparse los legisladores.

Suspensión insuficiente

La suspensión de un fiscal de San Cristóbal no es suficiente para aclarar la sentencia a través de la cual fueron liberados dos pilotos y otra persona condenados a 10 años de prisión por narcotráfico. Tanto la Procuraduría General de la República como la Suprema Corte de Justicia deben profundizar las investigaciones para despejar las sospechas sobre la sentencia a favor de los hermanos pilotos Erisky y Edwin Manzano García y de Angel Wilson Adames.  El fiscal Félix Santana fue suspendido porque no se opuso al fallo del 6 de este mes del juez Francisco Mejía Angomás. Este alegó que dispuso la libertad de los imputados porque la sentencia a través de la cual fueron condenados no estaba completa. No establecía si la condena era a 10 días, 10 meses ó 10 años. El insólito argumento del magistrado Mejía Angomás y la anuencia del fiscal Santana son para que se investigue a fondo todo lo relacionado con un caso que, como es obvio,  ha alrmado a la población.