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La presencia de la jefa de la Administración Anidrogas de Estados Unidos (DEA), aunque sea en base a una invitación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se presta siempre a comentarios. Y más cuando hace apenas unos días anduvo por aquí, y no precisamente invitada, la secretaria de Defensa, Janet Napolitano, quien suscribió varios “acuerdos” para vigilar el espacio aéreo y perseguir el narcotráfico. ¿Qué necesidad tenía la DNCD de invitar al país a la señora Michele Leonhart? ¿Es que acaso quería mostrarle algo en particular? Porque la invitación no podía ser única y exclusivamente para interactuar. No ha dejado de llamar la atención que la funcionaria cumpliera prácticamente una agenda de trabajo, que ha incluido reuniones no sólo con el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, sino con el ministro de las Fuerzas Armadas, Joaquín Virgilio Pérez Féliz, y con el jefe de la Policía, José Ernesto Polanco Gómez. Pese a que Washington tiene colocada a República Dominicana en la lista de los países que sirven de puente al narcotráfico, la funcionaria, como parte del protocolo, apreció la colaboración en la lucha contra el flagelo. Tras la visita de Napolitano la de Lonhart genera interrogantes.

Programa importante

República Dominicana, con todo y su crecimiento extraordinario, necesita aún más aprovechar mercados como el de Estados Unidos. Esa necesidad confiere mucha significación al programa de apoyo a la productividad y competitividad del sector agropecuario que acaban de suscribir ambos países. Por mejor ranqueada que esté, República Dominicana necesita superar todavía algunas barreras para aprovechar al máximo un mercado que representa el 60 por ciento de sus exportaciones. Pero del que también depende el grueso de sus importaciones de bienes y servicios. Con ese propósito es necesario mejorar las prácticas de producción, exportación y fortalecer la capacidad comercial, que es  la base del convenio a través del cual Estados Unidos se compromete a desembolsar RD$179,944,309 de pesos, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, para reforzar  programas que tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, salubridad y seguridad.