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Militares no están solos

Los militares hondureños, los mismos que la madrugada del 18 de julio apresaron en piyamas y enviaron al exilio al presidente Manuel Zelaya, han vuelto a tomar carta en el conflicto. Con un poder deliberativo que sorprende y ofende, los uniformados han advertido que no permitirán la reinstalación de Zelaya, porque sería una violación de las leyes. Desde un primer momento se sabía que los golpistas no estaban solos y que los militares irrumpieron en el conflicto obedeciendo órdenes superiores. Con esta intervención de las Fuerzas Armadas las negociaciones, como reconoció el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), doctor José Miguel Insulza, tenían que estancarse. Gente que violentó la Constitución y las leyes invoca, con ironía hiriente, que la restitución de Zelaya sería ilegal. Roberto Micheletti ahora se desentiende de lo que a todas luces ha sido una estrategia para perpetuarse en el poder. Las misiones de la OEA, las Naciones Unidas y demás entidades internacionales tienen que sentarse también con los militares en su esfuerzo por allanar el camino para el retorno de Zelaya. No se trata ya de un asunto que depende única y exclusivamente de Micheletti, sino de toda una claque política, económica y militar.

Un país a la moda

  Una nación en la ruta de la prosperidad y el progreso tenía que contar con la figura constitucional del “Defensor del pueblo”. Aunque en la práctica no sea más que otra estructura burocrática, con nombre pero sin fuerza,  sí con un alto costo operativo para el contribuyente. Ante el mundo los dominicanos serán vistos ahora desde la misma óptica que españoles, franceses y las escasas naciones desarrolladas que tienen su “Defensor del pueblo”. Lo raro es que para impresionar no se hablara de “Ombudsman”, que es más sonoro y exótico.  ¿Si la Constitución y las leyes no han funcionado, lo hará el “Defensor del pueblo? Ni los más ilusos se lo creen. Pero había que estar a la moda, aunque no haya luz, la educación sea un desastre y la deuda social sea cada día más onerosa. Y es que en materia de sus intereses personales la clase política no se suicida. En el clientelismo está su vigencia, y de ahí la necesidad de fomentarlo con figuras tan  costosas e inútiles como el “Defensor del pueblo”.