RADAR

Los empresarios del transporte volvieron a salirse con las suyas al conseguir que el Gobierno les entregara por adelantado los tres millones de galones de gasoil con que los subsidia. Bastó con advertir que subirían la tarifa para que las autoridades se doblegaran ante la demanda de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la Federación de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado). Salvo los autobuses, la inmensa mayoría de los vehículos del concho opera con gas licuado de petróleo. Pero ese no era el problema. La oposición de los gremios afines del Gobierno no evitó que las autoridades cedieran, una vez más, a las presiones de los transportistas para evitar alzas en la tarifa del transporte.  Pero con todo y que el Gobierno cedió, los empresarios acordaron darle una tregua hasta el ocho de enero para que satisfaga sus demandas. Y pueden estar seguros de que se saldrán con las suyas, ahora más con el ingrediente de la campaña electoral. Los transportistas  es de los contados sectores  con los que el Gobierno no vacila ni se despacha con esas promesas que se diluyen en el tiempo. Ya muchos quisieran tener esa capacidad de presión.

Abuso de poder

Lo legal y justo tiene que prevalecer sobre cualquier otra actitud en el caso del recluso Luis Alvarez Renta. Sin importar la magnitud del delito por el cual fue condenado por los tribunales. Si en verdad la Procuraduría General de la República  prohíbe, como él dice, que se le preste asistencia médica, se trata de un abuso de poder. No hay razón para impedir que a Alvarez Renta ni a ningún otro recluso se le niegue asistencia en un hospital público. El caso del recluso, condenado por el fraude de Banínter, ha tomado una pendiente inquietante. Tal parece como si hubiera algo personal contra él. Y es que además de prestantes cirujanos, como José Joaquín Puello, médicos de la propia Procuraduría han certificado que Alvarez Renta necesita la intervención que supuestamente se le ha negado. La intervención no sería siquiera en un centro médicol cinco estrellas, sino en un hospital público como el Luis Eduardo Aybar. La impresión es que con él se comete un abuso de poder.