RADAR

Las instituciones públicas no son autónomas ni islas de poder que pueden manejarse por su cuenta. Lo ignoran los congresistas que, tras salvar sus privilegios, han censurado la observación a la controversial Ley de Regulación Salarial en el Estado. Basta con un decreto   para terminar con el desorden en materia de gastos y salarios en el sector público. ¿O es que acaso el Presidente de la República carece de autoridad para regular el uso de tarjetas de crédito, viáticos, gastos de combustible, utilización de vehículos oficiales para actividades personales, entre otras irregularidades? Más que una ley lo que se necesita es voluntad para combatir un desorden del cual los legisladores se han servido con la cuchara grande al asignarse privilegios irritantes, que elevan sus ingresos, como en el caso de algunos senadores, por encima de los dos millones de pesos mensuales. Los legisladores que han defendido el proyecto salarial han debido pronunciarse sobre las violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas o iniciar procesos contra los funcionarios que se han burlado de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Pero incurren en la demagogia o la ignorancia al censurar la observación y mostrarse como defensores del interés público.

Silencio culpable

La Dirección General de Migración no debe callar, sino dar la cara sobre el atropello en el aeropuerto Las Américas denunciado por una estudiante haitiana. No es ningún secreto que callar sobre el incidente narrado por Marie Altagracia Polinecy Gómez es simplemente autoincriminarse. La estudiante alega que se proponía viajar a México, donde dice que reside desde 2010, cuando inspectores de Migración la vejaron porque supuestamente sus documentos eran falsos. Todavía los papeles no estuvieran en regla los inspectores, si es como dice la denunciante, debieron observar un trato más respetuoso, máxime si la viajera no se resistió a que los verificaran. La estudiante reclama la retribución del boleto aéreo, porque lo habría perdido al ser detenida y devuelta desde la terminal de Las Américas. El caso conviene aclararlo a la mayor brevedad para evitar que se agregue a la larga lista de violaciones que se atribuyen a las autoridades  contra nacionales haitianos.