RADAR

Bastó con que el ministro de Educación, Melanio Paredes, hablara de que a partir del año entrante aplicará la Ley que regula la tarifa de los colegios privados para que le entraran a  dos manos. Grupos de presión, antes que detenerse en la esencia y alcance de una legislación aprobada en el 2000, pero que por intereses entró en vigencia en 2003, ven en la iniciativa de Melanio una especie de evasión de los conflictos que giran en torno al sector educativo. Pero no es lo único.  Muestra de las islas  de poder en torno al sector educativo es  el caso de la empresa Ladom,  la cual decidió reanudar el suministro de la leche del desayuno escolar sin que concluyan las investigaciones sobre las intoxicaciones con el alimento. Ladom se había retirado en forma unilateral del suministro hasta que concluyeran unas pesquisas que, para colmo, regularmente no pasan de enunciados. La complicidad de diferentes sectores evita que la verdad salga a relucir. Para más decepción grupos que en lugar de tomar la palabra a las autoridades, como el caso de la aplicación de la Ley que regula la tarifa de los colegios privados, se decantan por negar y enfrentar hasta las buenas intenciones. Se sabe, claro está, que las acciones responden a intereses muy bien apadrinados.

Informante  a la sombra

Estados Unidos ha movilizado un Ejército de más de 120 técnicos para contrarrestar la publicación de más de 400 mil documentos sobre la guerra en Irak que prepara la famosa revista digital Wikileaks. Pero el Pengágono, que ha pedido a los medios no hacerse eco de las informaciones, ha obviado investigar la fuente de las filtraciones. ¿Es que en su seno hay otro “Garganta Profunda”?, como se denominó al informante anónimo del escándalo Watergate. Sin saber de lo que se trata ni atreverse a negar su veracidad por anticipado, el Pentágono se limita a advertir que la información que Wikileaks tenía prevista divulgar el lunes, pero que decidió aplazar para otro día, podría resultar potencialmente dañina, bajo el argumento de que se cree que contiene datos sobre las fuerzas de seguridad iraquíes, las víctimas civiles y la actividad bélica en el país árabe. Pero la gran tarea de Washington está en ubicar a los responsables de las filtraciones y no en prohibir la difusión de los papeles.