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Los titulares de Obras Públicas y de Medio Ambiente han tomado la saludable decisión de tender un puente para garantizar el cumplimiento de normativas relacionadas con la construcción de obras de infraestructura. Tras los efectos de la tormenta Isaac esa vía de comunicación que han acordado Bautista Rojas Gómez y Gonzalo Castillo era más que necesaria para despejar inconvenientes burocráticos que se traducían en conflictos.  Puentes y otras obras sufrían costosos retrasos o se construían con fallas por las supuestas dificultades de Medio Ambiente para autorizar la utilización de los lechos de ríos y arroyos.  A pesar de cualquier reserva sobre la facilidad con que las aguas arrasan con los aproches, se impone, además de una investigación responsable, eliminar cualquier pretexto en las construcciones. Rojas Gómez y Castillo han acercado un paso importante con la coordinación que han anunciado para garantizar que las obras de infraestructura cumplan con todos los requisitos. El exceso de supervisión no puede, por más saludable que sea para la protección del ecosistema, convertir a Medio Ambiente en obstáculo para el desarrollo. Por eso es tan importante que se coordinen las acciones.

Cunde el pánico

Es injusto prescindir de un empleado que cumple con sus funciones, sin importar la ideología política que profese. Pero también lo es inundar las oficinas públicas de una caterva de zánganos sólo por el hecho de pertenecer al partido en el poder. El dilema con las cancelaciones que se han denunciado estos días hay que examinarlo con mucha mesura para no defender lo indefendible. Es posible que gente que cumple y desempeña alguna función haya sido cancelada. Pero también es posible que haya quienes fomenten la alharaca con el propósito de ponerse a buen resguardo. Un empleado que no desempeñe ninguna función no tiene por qué ser protegido. Y más si el propósito es sanear la nómina para ahorrar y hacer más eficiente el servicio público. Los funcionarios no deben dejarse chantajear con la alharaca sobre la supuesta incertidumbre que se ha generado en la Administración Pública. Lo censurable sería, eso sí, sustituir a una botella por otra botella.