RADAR

Por enésima ocasión el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha denunciado las nefastas consecuencias para la economía y la producción del desorden que caracteriza el sistema de transporte de carga y de pasajeros. Pero, sea por temor, conveniencia o alguna otra razón, las autoridades ni siquiera se dan por aludidas frente el vandalismo que prevalece en los medios de transporte terrestre. Para nadie es un secreto que Fenatrado (Federación Nacional de Transporte Dominicano) dispone de un ejército para impedir la incursión de empresas en el negocio. Y el transporte de pasajeros está en manos de unos empresarios que también han impuesto sus propias leyes. El desorden, como dice el Conep, perjudica el aparato productivo, el turismo, a los usuarios, la libre competencia,  la seguridad jurídica y hasta la imagen del país. Más que respuesta mediática, el Gobierno debe tomar en cuenta la queja del Conep para definir una política de transporte en beneficio de los usuarios, que garantice la participación de todos los sectores. El transporte de carga y de pasajeros no puede ser operado como un feudo de comerciantes inescrupulosos, que no reparan en recurrir a la violencia cuando se trata de proteger sus intereses.

Drásticos requisitos

En tanto la campaña política se torna más intensa, el debate sobre la realidad económica es más inquietante. Es lo que traducen notas como la del economista Arturo Martínez Moya, encargado de la comisión económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).  Según Martínez, a quien por mezquindad política no se puede cuestionar su trayectoria profesional y personal, el Fondo Monetario se apresta a exigir al Gobierno un incremento de un 18% en la tarifa eléctrica y la reducción del presupuesto para 2012 como requisitos para mantener el acuerdo. Se sabe que el convenio, desde su última revisión hace casi dos meses, ha caído en una suerte de limbo. Pero el economista dice que las condiciones del FMI podrían ser más drásticas, de no aceptar que a octubre de este año el déficit fiscal se elevara a 35 mil millones de pesos, unos 15 mil más que los 20 mil que habían pactado para este año.  Lo atribuye a que los ingresos bajaron en 4% y los gastos en un 139.