RADAR

En medio de la humareda levantada por la negativa del Gobierno a cumplir con  la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), de aumentar la tarifa eléctrica   en un 18 por ciento, el presidente Leonel Fernández ha enviado al Congreso un proyecto de ley que procura crear un mecanismo para adecuar esa tarifa  a las oscilaciones de los precios de los combustibles. Tal parece que con esa propuesta de ley,  las autoridades  intentan sacar las castañas del fuego ante la posibilidad de que se interrumpa el acuerdo Stand by con el FMI, lo que acarrearía dificultades  en el orden de la estabilidad macroeconómica. Conforme a este proyecto, la tarifa subiría o bajaría conforme a  como oscilen los precios internacionales  de los combustibles usados para generar electricidad. Eso quiere decir que el precio  por el consumo de energía se revisaría cada mes, en la misma línea como  suben o bajan  cada semana los derivados del petróleo en el mercado local. Puede decirse que  con ese proyecto de ley que busca aumentar  paulatinamente la tarifa eléctrica, el presidente Fernández y su equipo económico intentan salvar  el acuerdo con el FMI.

Otro robo

Imposible será que el último ciudadano que huya  del país apague la luz del aeropuerto, si es que sale por la terminal María Montez, de Barahona, pues  ladrones se  robaron las bombillas, a pesar de que esas instalaciones  son vigiladas por personal militar. Los cacos  cargaron con todas las luces de la pista de aterrizaje, sin que ningún  guardia se diera cuenta de una operación que se realizó  con  el cielo  como techo. Los ladrones burlaron todos los controles militares del aeropuerto, desmontaron cada una de las luces y salieron   cargados como Pedro por su casa. El nivel de seguridad en los aeropuertos  nacional puede  medirse por el robo de un avión en la terminal El Higüero que despegó con combustible también robado rumbo a Venezuela y ahora la sustracción de las luces  de la pista de  aterrizaje y despegue del aeropuerto de Barahona,  donde  se han cometido otras tropelías. Esas instalaciones  son vigiladas por unos 25 militares del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, que como es natural, ha iniciado una investigación del caso.