La querella por cohecho y prevaricación contra la directora de compras y contrataciones del Ministerio de Salud Pública representa otro desafío para la directora de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). Pero también para el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, quien tendrá que abocarse a una investigación sobre la alarmante denuncia.
La querella, presentada por la empresa Depomax a través del abogado Julio Cury, quien como profesional mide muy bien sus pasos legales, consigna que la funcionaria adquirió grado a grado colchones hospitalarios por casi 25 millones de pesos. Se alega, para colmo, que tampoco se trata de colchones, sino de meras colchonetas de dos pulgadas, cuyo costo por unidad oscila entre 1,500 y 1,800, y no casi 5,000 que se habrían pagado.
La directora de la DPCA, Laura Guerrero Pelleteir, tiene en el escándalo otra oportunidad para demostrar su determinación de fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Para más, la empresa beneficiada con la compra de colchones, identificada como Electromuebles Tony también habría sido favorecida con la adquisición, sin licitación, de cinco mil unidades de tanques de gas de 25 libras por un valor total de alrededor de 10,4 millones de pesos.
El Nacional
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