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Debate
Presión fiscal

El planteamiento del asesor del Poder Ejecutivo en materia de desarrollo, Antonio Isa Conde, en el sentido de que el país necesita con urgencia un sistema tributario que permita incrementar de forma justa la presión fiscal y mejorar la calidad del gasto suscitó un debate de lo más interesante durante una tertulia organizada por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Su condicionamiento de que se debe aumentar la presión de un 14 a un 16% del Producto Interno Bruto el año entrante para ejecutar los proyectos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo rebotó en los economistas Miguel Ceara Hatton e Isidoro Santana. Más impuestos no es el camino ni un pacto fiscal es la solución para mejorar el entorno administrativo.

Por de pronto, Ceara Hatton planteó que antes de hablarse de más impuestos debe corregir el creciente déficit institucional, sobre el que recae la percepción de que los tributos se utilizan para financiar campañas políticas. Y Santana acotó que un pacto fiscal tiene que pasar por un proceso de transparencia en el uso de los recursos y más eficiencia en las instituciones. Si el planteamiento de Isa Conde no fue más que un globo de ensayo, pues se le considera con la suficiente influencia como para impulsar cualquier iniciativa, las reacciones lo dicen todo.

Buen ejemplo

El Supremo Tribunal Federal de Brasil acaba de dar un ejemplo aleccionador con la condena de legisladores, exministros y empresarios vinculados al mayor escándalo de corrupción que ha sacudido la nación en las últimas décadas. Entre los sentenciados por el denominado escándalo “menselao” figura José Dirceu, el poderoso jefe de gabinete del Gobierno del expresidente Luiz Inacio “Lula” da Silva. Dirceu y los demás fueron encontrados culpables de participar en el desvío de fondos públicos para la compra de votos en los primeros años en el poder de Lula da Silva. Si bien han quedado en el aire algunos aspectos, desde ya se celebra el impacto de la sentencia. Casi todos los sentenciados pertenecen o están relacionados con el oficialista Partido de los Trabajadores.

Como en cualquier otra nación de América la justicia penal era solo para los pobres, pero no para políticos, celebridades, banqueros y empresarios. Ni siquiera el popular Lula da Silva ha quedado exento de ser investigado por el uso de recursos públicos para comprar apoyo legislativo para su proyecto político.