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Sobre pesquisas
La experiencia que se tiene con las comisiones designadas para investigar escándalos a todos los niveles, pero sobre todo congresuales, limita las expectativas con la pesquisa que ordenó la Cámara de Diputados en torno a las modificaciones al Código Procesal Penal.
Hasta el trueno de la diputada Minou Tavárez Mirabal, quien denunció que lo que se aprobó no fue lo que se discutió, el proyecto refrendado por el Senado solo había sido objetado en lo concerniente a la supresión del derecho de la ciudadanía a querellarse contra funcionarios. Pero ahora se está en presencia de un grave delito en que habrían incurrido los legisladores para blindar todavía más la impunidad que ha rodeado el quehacer público.
El presidente de la comisión de ética de la Cámara de Diputados, Lupe Núñez, adelantó que iniciaría de inmediato las investigaciones sobre el proceso que conllevó la aprobación de las modificaciones de la controversial pieza. Pero se teme que hasta el mismo ambiente conspire contra la objetividad de la pesquisa. No ha de olvidarse que los presidentes de ambas cámaras e importantes dirigentes del partido en el poder respaldan la mutilación del derecho ciudadano de accionar judicialmente contra los funcionarios.

