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Loma Miranda

Loma Miranda podrá ser un caso cerrado para el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no para los diferentes sectores que favorecen y se oponen a que sea convertida en parque nacional. Además de no detenerse, la controversia cobra cada día nuevos matices.

Ahora el presidente de la Cámara Minera y Petrolera, José Sena; el exdirector de Minería, Octavio López; el presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, Eduardo Verdeja, y el abogado Eduardo Jorge Prats han recurrido a argumentos legales para señalar que la conversión de la demarcación en área protegida chocaría con el derecho de propiedad, y por ende con la seguridad jurídica. Resulta –según Jorge Prats— que la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) es propietaria de una porción de terrenos de 13.73 metros cuadrados en el ámbito de Loma Miranda.

Si es así, el problema se torna más complejo. Sobre todo, porque de acuerdo con el jurista el artículo 51.1 de la Constitución dispone que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino es por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor”. El señalamiento pone al Gobierno en una encrucijada por la concesión del Estado para la explotación minera a través de un contrato que expira en 2030. Aunque es obvio que el conflicto no termina en la admonitoria aclaración.

Ejemplo de la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) daría un buen ejemplo si somete a la justicia a los oficiales civiles que se determine que, tanto en el pasado como en el presente, han incurrido en el delito de falsificar documentos de identidad y electoral. Su presidente Roberto Rosario no debe solo anunciarlo, sino actuar contra escándalos que hoy ensombrecen la imagen de República Dominicana. La auditoría del Registro Civil es una buena oportunidad para ubicar a quienes hayan incurrido en una práctica que también ha contribuido con la adopción de la nacionalidad de miles de inmigrantes.

Lo que en modo alguno puede consentirse es una cacería de brujas sin establecer previamente las debidas responsabilidades. También complace la seguridad de Rosario en el sentido de que la auditoría, que se realiza en cumplimiento de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, concluirá antes del tiempo previsto. El sometimiento de los responsables de irregularidades y la garantía de pulcritud del proceso son noticias alentadoras.

Ejemplo  de la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) daría un buen ejemplo si somete a la justicia a los oficiales civiles que se determine que, tanto en el pasado como en el presente, han incurrido en el delito de falsificar documentos de identidad y electoral. Su presidente Roberto Rosario no debe solo anunciarlo, sino actuar contra escándalos que hoy ensombrecen la imagen de República Dominicana. La auditoría del Registro Civil es una buena oportunidad para ubicar a quienes hayan incurrido en una práctica que también ha contribuido con la adopción de la nacionalidad de miles de inmigrantes. Lo que en modo alguno puede consentirse es una cacería de brujas sin establecer previamente las debidas responsabilidades. También complace la seguridad de Rosario en el sentido de que la auditoría, que se realiza en cumplimiento de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, concluirá antes del tiempo previsto. El sometimiento de los responsables de irregularidades y la garantía de pulcritud del proceso son noticias alentadoras.