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Convención PRD

Más secuelas

La atención acaparada por los incidentes que caracterizaron la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) relegó a un segundo plano otra confrontación no menos relevante derivada del proceso: la que se produjo entre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y el juez del tribunal Eddy Olivares.

A pesar de las violaciones y la violencia que viciaron el certamen, Rosario se conformó, tal vez con el propósito de justificar su decisión de no fiscalizarlo, de relacionar los sucesos con nuestra cultura política. Sin embargo, Olivares apeló a la Constitución para cargar al tribunal electoral, y por ende a su presidente, su cuota de responsabilidad en torno a los sucesos, por no reglamentar, como manda el artículo 212 de la Constitución, la democracia interna de los partidos políticos.

Para Olivares, a diferencia de Rosario, las violaciones al derecho a la información, la libertad de afiliación y al ejercicio del sufragio se hubieran podido evitar si la JCE hubiera fiscalizado el proceso, para lo cual la ausencia de una Ley de Partidos Políticos no es excusa. La controversia, que forma parte de las secuelas de la vapuleada convención del PRD, coloca en primer plano la debilidad de todo el sistema institucional.