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El huracán Sandy ha sido solo una leve pausa en plena recta final para la celebración de las elecciones del martes en Estados Unidos. A ley de horas, la indecisión de amplios sectores se convertido en un enigma sobre los resultados del sufragio. La ventaja que se atribuye al actual presidente Barack Obama no es muy consistente ni definitiva, salvo en segmentos como la comunidad hispana. Tras la selección de su candidato vicepresidencial y de la celebración del primer debate, el republicano Mitt Romney ha repuntado de tal forma que en algunas encuestas supera a Obama. Pero estas elecciones tienen la peculiaridad de que, sin dejar de representar un acontecimiento, no han despertado mayores expectativas en América Latina y el resto del mundo. La región, que se ha visto relegada, no aguarda grandes sin importar quién triunfe en las urnas. Por supuesto, tampoco tiene nada que temer. Y más cuando su dependencia del mercado norteamericano es cada vez más reducida. Tanto Obama como Romney, que a todo lo largo de sus campañas se han comportado como dos moderados, han puesto mayor interés en su agenda internacional en los problemas del Medio Oriente.  Como martes está aquí y ya por lo menos un 15 por ciento del electorado ha votado por adelantado, falta poco para saber quién será el próximo gobernante de Estados Unidos.

Pruebas necesarias

Por el malestar que ha surgido, el Consejo del Poder Judicial debe presentar todas las pruebas de que disponer contra dos jueces de Santiago que fueron destituidos por supuestas faltas graves en el desempeño de sus funciones. El Departamento de Defensoría Pública y varios abogados han salido en defensa de los magistrados Gabriel Marchena y Luisa García, al tiempo de señalar que sus destituciones constituyen un precedente nefasto para el sistema judicial. Como se habla de que han sido víctimas de persecución, el Consejo del Poder Judicial debe exponer  los cargos que motivaron la destitución de cada uno de los jueces. En un documento abogados dicen que Marchena y García se caracterizaron por cumplir con la sagrada y elevada misión de administrar justicia con apego al derecho. Y agregan que su único pecado “fue no coincidir con la política de presión y persecución llevada a cabo por quienes fueron sus detractores y acusadores”. Los argumentos son para que el asunto se aclare.