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Los vicios de construcción que han obligado a suspender la docencia en el liceo Manuel Aurelio Tavárez Justo, de Villas Agrícolas, constituyen un escándalo que debe investigarse y sancionarse. No puede ser que una obra inaugurada el 28 de agosto de 2006, ya presente grietas y otras fallas que, para evitar una desgracia, tenga que ser rehabilitada cuanto antes. Como otras tantas obras públicas es posible que el plantel, que supuso una inversión de más de 100 millones de pesos, se erigiera sin los estudios ni la supervisión correspondientes. Las entidades o los ingenieros a cargo de la construcción del edificio deberían responder ante los tribunales por los vicios que han obligado a desalojarlo para evitar consecuencias peores. Ni siquiera el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectores y Agrimensores (Codia) ha jugado su papel de fiscalizador en el caso de un liceo que a cinco años de su construcción presenta grandes grietas en las paredes y hundimiento de pisos. Con el dinero que se dilapida cuesta aceptar el alegato de que el Ministerio de Obras Públicas no cuente con personal o la estructura adecuada para supervisar la construcción de obras como el liceo Manuel Aurelio Tavárez Justo. Las condiciones del plantel son una afrenta.

Disfrazan encuestas

Encuestas disfrazadas para medir la intención del voto serían pagadas por entidades públicas, de acuerdo con el periódico digital Elsiglo21.com. La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Superintendencia de Bancos serían las entidades que, según el periódico, utilizarían fondos públicos para sustentar la estrategia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina. Un 66% del cuestionario está destinado a medir la calidad y satisfacción de los servicios, pero el restante 33 contiene matices políticos. Estos datos, según el diario, serían usados como herramienta para la estrategia de campaña del PLD. En medio de una campaña cualquier estudio demoscópico se presta a suspicacias. El crédito de  Elsiglo21.com descarta que se trate de un invento una denuncia que las autoridades de ambas entidades deben aclarar a la mayor brevedad. No es lícito utilizar recursos públicos para financiar campañas electorales.