Conflicto JCE

Genera confusión

La deriva que ha tomado el conflicto en torno a la Junta Central Electoral (JCE) se presta a confusión. La disputa ha tenido como detonante la impugnación ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de la licitación convocada por la JCE para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral. Pero al calor de la confrontación ha tomado otro giro. El presidente de la JCE, Roberto Rosario, niega competencia a la entidad, por tratarse de una dependencia del Poder Ejecutivo, para fiscalizar las licitaciones y operaciones financieras del tribunal.

Pero tanto la titular, Yokasta Guzmán, como el contralor general de la República, Rafael Andújar Germosén, sostienen que la JCE está obligada, como todos los organismos que administran fondos públicos, a cumplir con la legislación sobre la materia.

E incluso han acusado a la JCE de buscar excusas para legitimar su supuesta violación de la ley. La pregunta en torno al contencioso es si debe o no debe la JCE, pese a la autonomía que reivindica su presidente, sujetarse a los controles de la Ley de compras y contrataciones públicas o ampararse en sus propias normas. Son otros quinientos si tras las exigencias a la JCE para que cumpla con la rendición de cuentas y las disposiciones de la Ley 340-06 hay otras intenciones.