JCE insiste

Si tan segura está de la transparencia de sus operaciones, la Junta Central Electoral (JCE) no debe insistir en convertirse en excepción sobre el alcance de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas o de la Contraloría General de la República. Desde la impugnación de la licitación para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral el tribunal que preside Roberto Rosario se ha aferrado a una autonomía que no ha dejado de generar confusión en algunos sectores.

Ningún otro ente autónomo que administra fondos públicos ha vindicado la autonomía que proclama la JCE sobre las licitaciones y las compras y contrataciones. Que se sepa, el tribunal no ha sido acusado de incurrir en irregularidades en sus operaciones.

Sin embargo, no deja de crear suspicacia su reiterada oposición de acogerse al alcance de la Ley 340-06 para regirse por sus propias normas internas. Si sus operaciones han sido tan trasparentes resultaría mejor parada si se despoja de su férrea resistencia y permite que las fiscalicen. Pero, por el giro que ha tomado el conflicto, son los tribunales los que tendrán la última palabra, si es que no se opta por echar agua al vino y dejar todo como está. Y que la gente piense lo que mejor le parezca sobre la controversia.

Aportes a los partidos

Dentro de la dinámica del ejercicio político tiene mucho fundamento la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que los fondos a las formaciones se otorguen en función de los votos obtenidos en los certámenes electorales. Aunque la procedencia de los recursos que candidatos y partidos utilicen en los procesos sea en la realidad uno de los puntos más neurálgicos de la conflictiva pieza legislativa. Para nadie es un secreto que tanto los recursos públicos como aportes de dudosa procedencia inundan sin control ni sanción las campañas electorales. Pero reglamentar el financiamiento conforme a los resultados electorales de los partidos es una iniciativa con mucha lógica, aunque la brecha no tenga que ser abismal. Se puede incluso obligar a los partidos a cumplir con normas estrictas para hacerse merecedores del financiamiento que no sale de ninguna otra parte ni instancia, como no sea de la costilla del contribuyente.