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Roce de poderes

 

El proceso contra el senador Félix Bautista ha derivado en un nada subliminal, pero sí suspicaz cruce entre la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.

El Ministerio Público ha cuestionado que la alta corte no se haya pronunciado sobre la solicitud de medidas cautelares para la inmovilización de fondos, incautación y oposición a traspaso de bienes inmuebles, una aeronave, 14 radioemisoras y 11 empresas propiedad del legislador y una red societaria.

En una instancia el procurador Francisco Domínguez recuerda que contra el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y seis asociados existe una acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por lo cual aduce que “es urgente, y más que urgente apremiante” que la Suprema Corte de Justicia, que preside Mariano Germán Mejía, conozca las medidas cautelares que se han solicitado.

Y en un evidente cuestionamiento del silencio, que desde ya resulta suspicaz, Domínguez Brito cita el artículo 23 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de decidir que tienen los jueces, y el 152, que se refiere a la celeridad. La reacción del procurador se presta a conjeturas.

 

Infanta imputada

Cristina de Borbón es hija de un rey y hermana de otro. Pero su sangre real no ha impedido que se le impute por un escándalo de corrupción en el que se involucra a su esposo, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Un juez todavía tiene que determinar si la Infanta es llevada a juicio por dos delitos fiscales.

El cargo de blanqueo de dinero fue descartado por la Audiencia de Palma de Mallorca. Su esposo, un exmedallista olímpico, es sospechoso de malversar 6.1 millones de euros a través del Instituto Noos, una sociedad sin fines de lucro. La Infanta había sido imputada porque en opinión de un juez colaboró activamente con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado por medio de una empresa fantasma.

El escándalo sacudió a la monarquía, pero con todo y su sangre real la Infanta ha sido interrogada e imputada. La justicia todavía no será igual para todos, pero el caso es un buen ejemplo sobre la independencia del Poder Judicial y la seriedad de la lucha contra la corrupción.

 

El Nacional

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