En la hoguera

La marcha que protagonizaron ayer miles de mujeres contra la violencia de género, el nuevo Código Penal y otras reivindicaciones es una demostración de que las representantes del llamado sexo débil están conscientes y decididas a desempeñar un papel más activo en la sociedad. No solo llamaron la atención contra los feminicidios, que según las estadísticas de la Procuraduría General de la República se ha cobrado 149 vidas en lo que va de año, sino que previnieron al presidente Danilo Medina para que no promulgue el Código Penal. Aunque entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia defienden la legislación, las organizaciones feministas la califican como un retroceso.

En apoyo a los argumentos de las mujeres que marcharon desde el parque Independencia hasta el Palacio Nacional, contra el Código Penal también se pronunció Amnistía Internacional y el Colegio Médico Dominicano. El caso del aborto es lo que ha convertido la pieza en una hoguera. Las diferentes organizaciones que defienden los derechos de las mujeres consideran que la legislación condena a muerte a las que tengan problemas de embarazo. En la demostración, por su nutrida concurrencia, se advierte la determinación de las mujeres de defender tanto sus derechos como su espacio social.

Crimen sin aclarar

Convocadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en El Seibo se han realizado varias jornadas cívicas en demanda de que se esclarezca la conmovedora muerte del exfiscal Pedro Rafael Castro Mercedes, ocurrida el 24 de julio de este año. El exfuncionario judicial fue acribillado a plena luz del día por desconocidos que penetraron a su residencia, y desde entonces un velo de misterio rodea el horrendo crimen.

Castro Mercedes, quien fue fiscal, regidor y gobernador de El Seibo, era un abogado muy popular que llevaba conflictivos casos. Por la impunidad en torno al suceso se creó un comité por el esclarecimiento de su muerte, que integran familiares, el Colegio de Abogados, la CNDH y otras entidades. Por el tiempo y la inquietud, el Ministerio Público y la Policía deben y tienen que acelerar las pesquisas para evitar que el asesinato del profesional y funcionario judicial no forme parte de la galería de crímenes impunes que perturban a los seibanos.