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Calienta debate

Como cabía suponer, el debate sobre el aborto ha calentado la pista. ¡Y de qué manera! La presión de las iglesias evangélicas y católica para que se rechace la observación del presidente Danilo Medina a la reforma del Código Penal ha colocado a la Cámara de Diputados en una disyuntiva. Aún así, diputados oficialistas como Gustavo Sánchez han salido al paso a las presiones de los grupos religiosos al considerarlas como un chantaje. Ha trascendido que muchos legisladores comparten la observación del Presidente, pero el temor de contradecir a las Iglesias los ha puesto en una actitud dubitativa.

Sin embargo, la división de los legisladores se ha tornado muy visible. Los representantes de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) han enarbolado la bandera de la Constitución para rechazar las observación, en tanto los de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) comparten la eliminación del aborto, aunque solo en casos especiales. En términos generales se advierte que los congresistas están atrapados en medio de una papa caliente. El jefe del Estado se la jugó al observar el proyecto. Ahora les toca a ellos tomar una decisión que no les resulta tan fácil, en tanto el debate cobra fuerza.

Contra Inaguja

La Industria Nacional de la Aguja (Inaguja) fue creada como una escuela para capacitar a la mujer en la confección de prendas de vestir y manualidades, a fin de que aprendan un oficio para ganarse la vida. El objetivo, al margen de otras consideraciones, es saludable. Pero aparte del clientelismo que drena sus recursos, la entidad, según denunció la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras, se ha apartado de sus funciones. Y lo que es peor incurre en la violación de varias leyes, incluida la de Compras y Contrataciones Públicas. La entidad citó que la dependencia del Ministerio de la Mujer ha creado talleres para la confección de prendas de vestir y participa en compras gubernamentales, que le serían asignadas de grado a grado. Como no son esas sus atribuciones se impone una investigación para establecer responsabilidades.

El Gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un competidor del sector privado, pero tampoco permitir que se desnaturalicen las funciones de organismos públicos.